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Letter: Doctor Álvaro Uribe Vélez Presidente de la República de Colombia auribe@presidencia.gov.co Ref.:   Protección de niños, niñas y jóvenes frente al conflicto armado Señor Presidente: Como es de público conocimiento, la grave situación de derechos humanos en el país ha afectado de manera especial a la infancia; en Colombia hay 16’800.000 personas menores de 18 años, lo que representa el 41.5% de la población total de Colombia, y si tenemos en cuenta que el 59.8% de las colombianas y colombianos está por debajo de la línea de pobreza, muchos de ellos y ellas son niños y niñas, de los cuales 591.500 viven en la miseria. Los derechos a la vida, al desarrollo, a la protección, la supervivencia y la participación de los niños y niñas son violados en los espacios privados y públicos, en la no definición de políticas, planes y programas sociales [1] Según el “Informe sobre los derechos humanos de la niñez en Colombia durante el año 2001” de la Defensoría del Pueblo, 2.041 niños, niñas y jóvenes fueron asesinados y 111 murieron en circunstancias violentas no esclarecidas, 303 fueron secuestrados y 93.012 se desplazaron durante el año pasado. Al lado de estas violaciones de derechos humanos, la degradación del conflicto armado ha hecho que niños, niñas y jóvenes se vean inmersos desde temprana edad en el aterrador mundo de la guerra: testigos o víctimas de ataques indiscriminados a la población civil, asesinatos, masacres o genocidios, el hambre, el desplazamiento y las enfermedades les esperan. Muchos quedan huérfanos, otros desaparecen, son sometidos a tratos crueles e inhumanos y un buen número de ellos terminan vinculados a los diferentes grupos armados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 20% de todos los niños y niñas en Colombia participan directa o indirectamente en el conflicto armado[2] ; las Fuerzas Armadas y de Policía estatales, UNICEF y la Defensoría del Pueblo manejan cifras que van desde 6.000 hasta 15.000 niños y niñas vinculados a guerrilla y paramilitares. Todos estos niños y niñas sufren igualmente las consecuencias del conflicto armado, sus efectos psicosociales, profundos y a largo plazo, están aún por determinarse.  Si deciden salir voluntariamente del grupo armado en el que se encuentran, son considerados desertores y pueden ser ejecutados; al entregarse a las autoridades civiles, militares o de policía o ser capturados por éstas, sufrirán las consecuencias de un proceso judicial.   Todos y todas han estado y están expuestos a otras violaciones de sus derechos como la tortura, el abuso y la explotación sexual, la detención prolongada y la separación de sus familias. Señor Presidente: los niños, niñas y jóvenes colombianos son uno de los sectores más vulnerables del país frente al conflicto armado y algunas de las propuestas y acciones de su gobierno harán más difícil en el  futuro la situación de niños, niñas y jóvenes: 1. Política frente a la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado interno En su documento de Propuestas sobre Infancia y Familia, se esboza una estrategia para “combatir la utilización de niños en el conflicto interno”, basada en los siguientes puntos[3]  1. Un ejercicio firme de autoridad que impida que los niños y jóvenes se enrolen en grupos guerrilleros o paramilitares. 2. Una política que brinde oportunidades de estudio y trabajo a los niños y jóvenes que se acojan a los programas de reinserción. 3. El desarrollo de una estrategia de rehabilitación de niños y jóvenes que han sido víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos violentos. Las causas que llevan a los niños, niñas y jóvenes a vincularse con algún grupo armado en Colombia son diversas; entre las más frecuentes  se encuentran: factores familiares, principalmente: violencia, desintegración familiar, la objetivación de la niñez que lleva a una falta de estima de los hijos(as) en el seno de la familia, situaciones de abuso, maltrato infantil, etc.; factores económicos, ante la pobreza, las necesidades de sus familias y la ausencia de ofertas de trabajo, la vinculación se ve como una salida económica; los deseos de venganza contra el grupo que ha perpetrado actos de violencia o la idea de que unirse a un grupo va a proteger a su familia; la existencia de vínculos amorosos o afectivos con miembros de alguno de los grupos, y, las continuas experiencias de marginación, explotación y utilización que viven niños, niñas y jóvenes en el país, que constituyen la negación de sus derechos. Señor Presidente, la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados no obedece a una “falta de autoridad” sino a la carencia de relaciones familiares afectuosas, y la ausencia de respuesta de las obligaciones estatales, manifiesta en la falta de oportunidades escolares y laborales, la marginalización de las comunidades y el no reconocimiento de estas personas como sujetos plenos de derechos. Por esta razón, considero que su propuesta en torno a “un ejercicio firme de autoridad” no combate ninguna de las causas del reclutamiento; al contrario, fortalece las concepciones totalitarias, autoritarias y represivas que han llevado a nuestros niños, niñas y jóvenes por el camino de la guerra. Su propuesta, señor Presidente, igualmente hace una distinción entre el tratamiento para niños y niñas reclutados “forzadamente” y lo que erróneamente se entiende como “reclutamiento voluntario”, en contravía de las recomendaciones internacionales respecto no solamente de la vinculación de los niños, niñas y jóvenes en grupos armados de oposición, grupos armados ilegales o Fuerzas Armadas Estatales. El Informe sobre “Las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños”, presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 1996, por Graça Machel – Experta de la Secretaría General de la ONU en las consecuencias de los conflictos armados sobre los niños, niñas y jóvenes, señala -para el caso del servicio militar- que aunque los jóvenes se presenten “voluntariamente”, no puede considerarse esa acción como voluntaria:  “Si bien puede parecer que los jóvenes eligen el servicio militar, esa elección no se ejerce libremente. Pueden ser impulsados por diversas fuerzas, inclusive por presiones culturales, sociales, económicas o políticas”. En efecto, si se tiene en cuenta que para muchos niños, niñas y jóvenes no existe más alternativa que la guerra en el entorno que los rodea, por las causas anteriormente señaladas, el ejemplo de los(as) mayores, la falta de políticas públicas para la infancia y la juventud, la decisión del Estado de apostarle a la salida militar al conflicto armado, y a que la realidad nos muestra que muchos niños y niñas que deciden salir del grupo armado al que han estado vinculados son considerados “desertores” y pueden ser ejecutados sumariamente [4] , es claro que la idea de vinculación voluntaria es, cuando menos, engañosa. El deber del Estado es claramente promover la reintegración de niños y niñas víctimas del reclutamiento y del conflicto armado en general, según se desprende del artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño[5] .  Más aún, los niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado deben ser considerados  víctimas de un crimen de los adultos y adultas.  Así lo entienden el artículo 8° del Estatuto de Roma y el 162° del Código Penal colombiano. Por ello, esperamos que las propuestas de su administración, para la atención a todos estos niños y niñas que son víctimas de la guerra tengan en cuenta estos principios. 2.  La responsabilidad penal juvenil En torno al tema de la responsabilidad penal juvenil, usted ha propuesto “más severidad con el menor delincuente de alta peligrosidad” [6] y “evaluar si 18 años debe seguir siendo la edad mínima de responsabilidad penal o la conveniencia de rebajarla [7] ”. Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que se entiende por niño “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”[8] .  La Convención igualmente señala que para los niños y niñas a quienes se alegue que han infringido las leyes penales deberán existir mecanismos específicos que atiendan a sus condiciones especiales, y que se recurrirá en la menor medida posible a los procedimientos judiciales[9] .  La posibilidad que plantea su administración de analizar si se establece una edad de responsabilidad penal por debajo de los 18 años es claramente contraria a la Convención, por cuanto crearía una situación ambivalente para los y las jóvenes, al considerarlos como “incapaces” al momento de ejercer sus derechos civiles y políticos (pues en ningún momento usted plantea reducir la mayoría de edad) pero a la vez, y en total perjuicio para la niñez, “capaces” de responder penalmente por sus actos en igualdad de condiciones que los adultos.  Por otro lado, las Directrices de Riad[10] plantean que la prevención de la delincuencia juvenil debe tener en cuenta la creación de oportunidades para atender las necesidades de los jóvenes, la conciencia de que calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o “pre delincuente” frecuentemente contribuye a que los y las jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable y la importancia de que ellos y ellas participen plenamente en diferentes espacios y procesos sociales como medida para la prevención de la delincuencia juvenil, en lugar de ser considerados como simples objetos de socialización y control. La propuesta de “más severidad con el menor delincuente de alta peligrosidad”, además de tener vestigios de la anacrónica doctrina criminológica del peligrosismo social, incumple los principios establecidos en las Directrices de Riad para la prevención de la delincuencia juvenil, manteniendo un sistema de represión y criminalización de los niños y las niñas contraventores de la ley. Hasta ahora el Estado colombiano no ha logrado mayores avances en materia de garantizar los derechos fundamentales de la niñez, aún cuando estos son prevalentes en virtud de la Constitución Nacional. En este marco, es perentorio que su Gobierno considere en primera instancia establecer políticas públicas tendientes a hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas, que incluyan políticas específicas para la prevención de la delincuencia juvenil, antes de pensar en la penalización de niños, niñas y  jóvenes.   3.  La red de cooperantes A lo largo de su campaña, usted promocionó la idea de crear una red de informantes de un millón de ciudadanos para apoyar a la fuerza pública[11] , pagados por el Estado.  Un día después de su posesión, lanzó en Valledupar (capital del departamento del Cesar) su red de informantes[12] en las vías, señalando que antes de finalizar el año, las Fuerzas Armadas vincularán a unos 100.000 ciudadanos como soldados y policías de apoyo.  Ante la posibilidad de que los 100.000 se conviertan en un blanco fácil para la guerrilla, usted dijo: "Si son uno o dos informantes, los matan. Pero si son miles y llegamos a un millón nos van a tener que matar a todos, si toca[13] ". Como usted bien sabe, doctor Uribe, esta estrategia de información genera serias preocupaciones, en primer lugar, por el riesgo que implica para los mismos informantes ser blanco de ataques.  Y en segundo lugar, porque aunque la condición secreta de estos colaboradores, puede ayudar a proteger sus vidas, implica el grave riesgo de que usen esta reserva para hacer acusaciones anónimas sin fundamento. Dentro de este contexto, los niños, niñas y jóvenes se encuentran especialmente vulnerables frente a estos riesgos; si el mismo gobierno acepta que muchos de ellos están vinculados al conflicto armado, es claro que habrán niños y niñas que resulten sospechosos para los informantes, o que podrá haber jóvenes víctimas de acusaciones injustificadas.  Hasta donde sabemos, el gobierno no ha previsto ningún tipo de capacitación y control para sus cooperantes en torno a las garantías específicas que niños y niñas tienen por su condición especial, de manera que no existen mecanismos que permitan el respeto a los derechos prevalentes de la niñez en este contexto. Finalmente, el gobierno no se ha pronunciado sobre los límites de edad para entrar a participar en esta red de informantes; de manera que existe el riesgo de que niños, niñas y jóvenes se conviertan en informantes legalizados para las Fuerzas Armadas.  4.   La competencia de la Corte Penal Internacional El 5 de agosto del 2002, el Gobierno saliente del Presidente Pastrana, con el beneplácito del Gobierno que comenzaba, depositó los instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma, e hizo una declaración con base en la oportunidad que plantea el Artículo 124 del mismo, que hace relación a que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8º, cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. Señor Presidente: el artículo 8º del Estatuto contempla como crimen de guerra el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, en conflictos armados internacionales y conflictos armados que no sean de índole internacional. La decisión del Gobierno, de prescindir durante siete años de la competencia de la CPI en los casos de los delitos o crímenes de guerra, no tiene efectos solamente con respecto a grupos armados con los cuales podría llegarse a una negociación de paz, sino que implica que tampoco serían juzgados los miembros de las fuerzas armadas colombianas o extranjeras en caso de que estas últimas cometan esas conductas en el territorio nacional. Uno de los más graves efectos de tal decisión es que la Corte Penal Internacional no podrá conocer, durante siete años, el delito de reclutamiento de menores de 15 años,  delito que en Colombia ha tenido un aumento progresivo a raíz de la degradación del conflicto armado interno. Señor Presidente: Esta decisión cercena uno de los más importantes mecanismos de protección de los niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado, y contradice normas internacionales. Esta reserva tendrá consecuencias nefastas para los niños, niñas y jóvenes que se han visto involucrados en el conflicto armado, permitirá mantener la vulneración de sus derechos y, quizás dentro de 7 años, sea demasiado tarde para ellos y ellas. En sus manos está, Señor Presidente, hacer efectiva una de las más idóneas herramientas internacionales para la protección de los niños, niñas y jóvenes colombianos de las nefastas consecuencias de la guerra: El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, cuya incorporación a la legislación colombiana se encuentra todavía en trámite, establece en 18 años la edad mínima para el alistamiento obligatorio y prohíbe  a grupos armados no gubernamentales el alistamiento y empleo en los enfrentamientos de personas menores de 18 años.  Además, exige que los gobiernos tomen medidas para desmovilizar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad a niños y niñas que hayan estado vinculados a algún grupo armado.  Por todo lo anterior, respetuosamente le solicito: Incorporar al derecho interno el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo. Hacer la declaración vinculante a la que se refiere el numeral 2º del artículo 3º del Protocolo, estableciendo en 18 años la edad mínima para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas estatales. Asegurar que los niños, niñas y jóvenes que hayan estado vinculados al conflicto armado sean rehabilitados y reintegrados a la sociedad civil; en ninguna circunstancia criminalizados. Levantar la declaración que se hizo con motivo de la ratificación del Estatuto de Roma, para aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra a partir del año 2003. No involucrar a la sociedad civil, especialmente a niños y niñas, al conflicto armado a través de la red de cooperantes. Implementar políticas públicas para la infancia y la juventud, especialmente para los sectores más pobres y vulnerables, que incluyan alternativas para prevenir que los y las jóvenes se vinculen al conflicto armado y mecanismos para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos Comprometerse a no vincular menores de 18 años a las fuerzas armadas y de policía estatales, ya sea directa o indirectamente. Buscar acuerdos humanitarios con las partes en conflicto que incluyan el compromiso de no vincular a personas menores de 18 años en sus filas, la desmovilización de todas las personas menores de 18 años de sus filas y el respeto a los niños y niñas como población civil. Quedo atento a su respuesta sobre las solicitudes que le he planteado, Del señor Presidente,

Copias:

Dr. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia, fsantos@presidencia.gov.co

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Defensor del Pueblo,  secretaria_privada@hotmail.com

 Dr. Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, dramirez@presidencia.gov.co

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia coalico@elsitio.net.co

 

Notas: