Contexto: La situación de niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en Medellín

De acuerdo con informes oficiales, en la ciudad de Medellín existen mas de 200 grupos armados, entre milicias, bandas delincuenciales y grupos paramilitares.  En estos 200 grupos participan aproximadamente 10.000 personas, en su mayoría jóvenes, lo cual representa el 0.45 % de la población total y el 1.8% de la población joven. 1] Medellín cuenta con aproximadamente 2.000.000 de habitantes de los cuales 500.000 son jóvenes entre 14 y 26 años.  Se calcula que más de la mitad de estas personas son menores de 18 años.

La existencia de tales grupos obedece, además de las causas estructurales que afectan al conjunto de la población colombiana, como son la inequidad y la pobreza, a factores históricos y específicos que sitúan a esta ciudad en un ambiente particular de violencia y de conflicto.  Para el año 2000 los Índices de desempleo se encuentran en el 24% y y en el 2001, bajo levemente al 22%. A pesar de la alta cobertura educativa en la ciudad, para el año 2002 la población de niños y niñas desescolarizada se estima en 30.000. Ees de señalar que el acceso de la población más vulnerables y en particular la población joven e infantil a otro tipo de oportunidades es aún limitada. [2]

Terminando la década de los 80 y comenzando la de los 90, Medellín se caracterizó, desde el punto de vista del conflicto político armado y la violencia urbana, por dos fenómenos que han incidido en la existencia de la violencia actual.  Por un lado, la ciudad, como escenario de la confrontación política y militar, vivió el surgimiento de las milicias urbanas con marcada incidencia sobre la población de los sectores más populares y   en donde el territorio se convirtió en un factor de disputa bastante significativo.

Dichas milicias surgen, entre otros factores, por la disputa del control territorial entre grupos de delincuencia que afectaban de manera negativa el tejido social, la participación y la vida cotidiana en estos sectores.  Es así como logran un nivel importante de posicionamiento.

Pero igualmente la ciudad vivía la época de la acción del narcotráfico, que dirigía su estrategia en dos sentidos: (1) En el control del mercado interno, en tanto territorio y en consecuencia como un referente de consumo y de vida para amplios sectores de la población, que desde su condición tenían un limitado acceso  al consumo y a la satisfacción de sus necesidades básicas y (2)  a la cooptación de grupos importantes de jóvenes para vincularlos a sus estructuras militares, bien para emprender acciones de lucha contra la extradición, bien para consolidarse como una estructura de poder territorial, económico y como mecanismo de control de su propia dinámica organizacional y de empresa.  Es decir el narcotráfico fue una empresa, que desde su condición, vinculo importantes sectores de jóvenes a su dinámica de comercio de drogas y a su aparato militar.

Las estadísticas señalan que para la época (1.991) en Medellín el índice de homicidios alcanzó la impresionante cifra de 400 mpcmh [3] .  Hoy esa cifra se encuentra en 170, cuando el promedio nacional es de 63 y el de América Latina de 19. [4]

La respuesta del gobierno en aquella época partió de reconocer la existencia de una inmensa deuda social con aquellos sectores.  Inicia entonces una política de intervención.  Se crea la Consejería Presidencial para Medellín, pero básicamente como un Programa de choque o de contención, mas que una política de corto,  mediano y largo plazo que le diera sostenibilidad a la intervención y garantizará de manera significativa una reducción en los índices de violencia.  Prueba de ello es que muy pocas de las acciones o programas emprendidos por esta logran ser incorporados de manera sostenida a la dinámica institucional. 

En el año 1994 algunos sectores milicianos se reinsertaron en un acuerdo con el gobierno.  600 jóvenes entregaron sus armas y se vincularon a proyectos sociales y de vigilancia privada, legalizando así su labor de gendarme de las comunidades.  Aunque este proceso no se ha evaluado si hay datos que aterran:  40 muertos durante la negociación con el gobierno por disputas internas y más de 100 después de su reinserción igualmente por disputas internas. [5]

La existencia de estos grupos armados en la ciudad hoy presenta características diferentes.  De un lado en estos grupos predominan las bandas delincuenciales, y un segmento muy pequeño se puede reconocer como milicias, es decir con unas características políticas.  El otro elemento importante a señalar es que la ciudad se ha convertido en un escenario importante del conflicto armado político, por lo que representa como centro urbano y por los megaproyectos que se implementan en las zonas con-urbanas.  Así las cosas, la estrategia y presencia de grupos paramilitares es un hecho para la ciudad y cuyas actuaciones se rigen por la vía de cooptar jóvenes o comprarle servicios a las bandas delincuenciales.  Así mismo es de destacar una lucha a muerte por territorios, por su significado económico, de seguridad y de poder.

Desde este panorama es que la lucha por los territorios es una lucha por poder y es una lucha económica y que afecta de manera directa la dinámica social y comunitaria de la ciudad.  De ahí los 11homicidios diarios que "produce"  la ciudad.  En esta realidad los y las adolescentes y niños y niñas se han constituido en un referente importante del conflicto y la violencia en Medellín.  En lo social se da el caso de un barrio, por citar un ejemplo, donde la lucha territorial significó para el colegio del sector una deserción escolar del 40%. Además, otros datos señalan que en Medellín hasta abril del año 2000 asesinaban un niño cada diez días en razón de la violencia cotidiana y la lucha por los territorios. En septiembre del mismo año la cifra ya llegaba a un niño cada siete días.  Y el promedio del año 2000 indica que esta cifra se promedió en un niño asesinado cada 4.8 días.   Esto significa que en el año 2000 fueron asesinados en Medellín 76 niños menores de 13 años, y 1600 entre 0 y 24 años, esto es mas de 4 cada día.  No se tienen cifras que especifiquen cuantos son menores de 18 años.   En el año 200, los niños y niñas menores de 13 años asesinados fueron 26.  Aunque representa una disminución en relación con las del año 2001, en ningún caso obedece a una política persuasiva y de control, y mucho menos a una que busca garantizar la protección de los derechos. Pero asombra además que hayan sido asesinados un promedio de dos (2) niños.

La otra realidad es la participación activa de niños, niñas y jóvenes en dichos grupos y en algunos casos como líderes de los mismos y así mismo la utilización de niños y niñas en tareas de inteligencia, correo, "carros" y como informantes y apoyos de los grupos armados.  Hablamos de bandas porque no existe allí una definición y actuación mayoritaria de actores políticos armados, como para señalar que los menores participan o son víctimas del conflicto político armado. Es de destacar igualmente que la participación de niñas y jóvenes (mujeres) en grupos armados ha ido en aumento, calculándose su participación en un 12%, pero igualmente asumiendo nuevos roles, que se mezclan entre la visibilización de sus actuaciones y nuevas jerarquías al interior de los grupos armados.

El escenario de los actores y la confrontación armada en la ciudad se puede graficar señalando que esta tiene (1) unos territorios, pocos, que se encuentran en disputa entre grupos de insurgencia y milicias y grupos paramilitares y (2) otros territorios, muchos, que se encuentran bajo el control de los grupos paramilitares.  En esto último es importante detenernos un poco. Veamos:  

La decisión de los grupos paramilitares de implantarse en las ciudades y particularmente en Medellín, corre paralelo al acelerado crecimiento de estos grupos en hombres y en regiones.  Además de las estructuras militares que ya se han establecido en las regiones con las que conurba Medellín, han creado el Bloque Metro con un particular interés en el Area Metropolitana. 

Ello significa que la práctica de masacrar y expulsar población de zonas rurales, se ve complementada con el interés por un control estratégico de las mismas.  En Medellín, el proceso se da de manera acelerada especialmente en el último año y medio.  La estrategia puede resumirse en: (i) Implantación en la ciudad de grupos de dirección política y militar; (ii) Fortalecimiento de las redes de financiación con grupos de narcotraficantes y otros; (iii)Cooptación por la vía de la persuasión o la fuerza de bandas delincuenciales, o en otros caso, de acuerdo al tamaño y posición de la banda, la compra de servicios (en este caso puede decirse que el método es distinto al de otras regiones, pués acá lo que se hace es someter estructuras militares dispersas, sin necesidad de crearlas); (iv) Insertarse en el movimiento social, especialmente con los jóvenes, bien por la vía de presionar a organizaciones sociales especialmente en barrios populares de alta conflictividad, o creando sus propias organizaciones, con un discurso reivindicativo; (v) Un fuerte trabajo de lobby en organizaciones gubernamentales; y cierta permisividad de las fuerzas armadas y de policía.

Tal dinamismo empieza a sentirse, , se cualifica el nivel de armamento de las bandas y las estructuras a su servicio, establecen la participación en los grupos paramilitares como una estrategia de ingresos, ofreciendo salarios y honorarios de acuerdo a las funciones, pagando por algunas acciones, como de propaganda por ejemplo.

Si bien el proceso de implantación en los dos últimos años no se ha caracterizado como en las zonas rurales por masacres, hoy comienza a darse niveles de enfrentamiento con otros grupos, del trabajo sucio “de limpieza” en algunos sectores, todo ello dirigido a un control social y territorial, con la permisividad de  organismos de seguridad del estado como se observó en el cierre de la única vía de acceso a un sector popular, donde supuestamente se apostaban milicianos, cierre que duró 10 días.

Las acciones desplegadas en el control territorial que estos grupos establecen, como la prohibición de movilizarse por ciertos sectores, la fijación de horarios para el cierre de los negocios, la prohibición a niñas y jóvenes en el uso de determinado tipo de ropa, la ingerencia en la autonomía de las organizaciones de la comunidad, indica que asistimos a un proyecto específico, de control, autoritario y fundamentado en la fuerza.

En síntesis, la historia del paramilitarismo en la ciudad ha seguido un particular proceso de implantación, donde se pasa de acciones puntuales y de tomar a esta como proveedora, a convertirla en escenario de importancia social y territorial, con un proceso acelerado en los dos últimos años, manteniendo un nivel de asociación con grupos de narcotraficantes, con la complicidad de organismos de seguridad del estado, combinando tácticas de fortalecimiento militar por la vía de las bandas existentes en la ciudad y con un”proyecto social” dirigido a jóvenes y a la creación de bases sociales en clara preocupación por el dominio de territorios.   

Los ritmos del proceso de implantación del paramilitarismo en la ciudad no significa que su dinámica este por fuera del proyecto contrainsurgente, basado en el control social, el uso de la guerra sucia, el afianzamiento de un actor aparentemente independiente del establecimiento y de las élites en el poder.  En este caso es no solo una manera de enfrentar al movimiento insurgente, sino que expresa, fundamentalmente, una propuesta de sociedad.

Si en el campo de la violencia se presenta el anterior panorama, en el campo de la participación de los menores en la vida social, los efectos del conflicto urbano en su expresión violenta, se perciben de manera sistemática en la afectación del espacio escolar, por la manera como los actores armados, especialmente las bandas, han tomado en muchos barrios populares a las escuelas como escenarios de control y de confrontación.  Pero igualmente, de acuerdo a indagaciones preliminares los niveles de impacto en la dinámica escolar, son bastante preocupantes.  Es decir las escuela es parte del escenario de la confrontación, pero hay un impacto mayor en el rendimiento escolar por las constantes zozobras en que se vive en los entornos.  Los niños y niñas, de escuelas públicas en sectores populares, vienen presentando grandes síntomas de depresión, estrés,  agotamiento y dificultades de concentración en la actividad escolar tanto dentro como fuera de la escuela.  

En principio, el contexto general de la violencia en Medellín no es reconocido como conflicto político armado.  Y en verdad que no lo es.  O dicho de otra manera, es mucho más que eso.  Lo caracteriza una profunda complejidad, tanto  en su etiología como en la dinámica en que se desenvuelven todos los actores, el Estado y las comunidades.  Y por otro lado tiene un profundo efecto en la vida y en la convivencia comunitaria tanto nivel micro como a nivel de ciudad.  De hecho, afecta profundamente los procesos de organización y participación social, por ejemplo, en la medida que reduce los ejercicios de movilización y acción política.

Ante este cuadro de cosas, y de manera específica en relación con la situación de los niños y niñas, las acciones estatales brillan por su ausencia. De acuerdo a un sondeo las únicas medidas propuestas tienen que ver con la reducción de las edad para la  judicialización de los menores de edad y otras medidas punitivas y restrictivas como las horas zanahorias.  A pesar de la existencia de instancias públicas como La Oficina de la Juventud, Programas de atención a la niñez, del Pacto por la Infancia, la reacción pública y aún privada no se nota.  Esto es, los niños y niñas  en y víctimas del conflicto, son una realidad que a nadie toca.  Frente a la cifra de asesinatos nadie se pronuncia.  Los medios de comunicación sólo hacen el registro noticioso. 

Llama poderosamente la atención que el Diagnóstico presentado en el documento que da cuenta del Pacto por la Infancia en Medellín se haya señalado, la ausencia de datos en cuanto a los menores víctimas del conflicto armado, la exclusión de la problemática de bandas y pandillas en esta categoría y la falta de programas y recursos para atender la problemática causada por actores armados no políticos [6] .

No hay duda que un panorama como el anteriormente descrito, de entrada produce la sensación del “No Futuro”, ya expresada en la literatura sobre la violencia en Medellín.  Pero lo que es más claro, es que además de la más absoluta negación de derechos elementales en que se encuentra una parte importante de la población de niños y niñas en Medellín de Medellín, se presenta un vacío en las políticas, en la intervención y en la responsabilidad del estado por garantizar a estos sus derechos fundamentales.  Por el conflicto y el abandono, esta población, localizada en los sectores populares, es decir en los sectores de más alta conflictividad, se encuentra en condiciones de desprotección, y de alta vulnerabilidad.  Las cifras así lo señalan. Es urgente entonces, con base en la fundamentación empírica, no sólo desde el punto de vista de la protección sino de la concepción de los niños y niñas,  como sujetos de derechos, emprender caminos, diversos, que permitan, en primer lugar mitigar la vulnerabilidad, reduciendo en la más alta proporción posible la tasa de homicidios de niños y niñas, idealmente a cero, y aportar de manea específica a la reducción de los índices de violencia en la ciudad y de manera especial de la participación de estos en grupos armados, tengan estos o no reconocimiento político; y en segundo lugar, una acción mas ágil y oportuna, en el marco de los derechos, para la atención a aquellos pertenecientes a grupos armados, en el terreno de la convivencia y la educación, i

nterpelando las condiciones materiales que permiten la circulación de la violencia en esas zonas, es decir, interviniendo los contextos.

[1] Asesoría de Paz y Convivencia, Alcaldía de Medellín. Documento interno, junio  2000

[2] Asesoría de Paz y Convivencia, Alcaldía de Medellín. Documento interno, junio  2000

[3] Informe de Decypol:  Departamento de Investigaciòn y Criminalística. Diciembre de 2000

[4] Asesoría de Paz y Convivencia, Alcaldía de Medellín.  Documento interno. Junio 2000

[5] Entrevista a ex-milicianos.

[6] Pacto por la Infancia. Alcaldía de Medellín – Consejería presidencial para la Política Social. Agosto de 1997