SITUACIÓN DE LA NIÑEZ AFECTADA POR EL CONFLICTO EN COLOMBIA

Información de prensa nacional [1] del 21 de junio al 20 de agosto de 2002

El periodo se vio marcado por la posesión del Presidente Alvaro Uribe Velez y sus primeras iniciativas en materia de conflicto armado y orden público, graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y  la creciente importancia del tema fronterizo e internacional.

Situación de niños y niñas en el marco del conflicto armado

En este bimestre salió a la luz pública información que ya era un se-creto a voces, relacionada con el control social que los paramilitares ejercen sobre la población civil en sus áreas de influencia y que afecta especialmente a los  y las adolescentes.  Adicionalmente, como consecuencia de hechos relacionados con el conflicto armado, murieron al menos 13 niños y niñas, 7 resultaron heridos, 6 fueron secuestrados y 247 obligados a desplazarse.  Igualmente, en información que resulta confusa respecto a las cifras, entre 35 y 100 adolescentes fueron reclutados forzosamente por las FARC en Puerto Avira, departamento del Meta. 

El control de los paramilitares incluye  actividades de represión sobre los habitantes de algunos barrios de Bucaramanga y Cúcuta, con un manual de convivencia que prohíbe a las jóvenes de usar escotes y ombligueras y horarios de salidas para que los jóvenes estén en la calle [2] y que en barrios como  Ciudadela Juan Atalaya, La Libertad y Belén, en Bucaramanga, llega a un  “toque de queda” que inicia a las 7 de la noche, la prohibición a los hombres de llevar el pelo largo y las niñas usar pantalones descaderados [3] .  En Barrancabermeja, Puerto Wilches y Canta Gallo los paramilitares están castigando a los niños y jóvenes con trabajos forzados y castigos crueles, que incluyen el corte de cabello con machete, el rapado de cabeza y cejas, azotes y trabajos físicos extenuantes, entre otros.  La OFP denunció igualmente que durante este año en el sur del departamento de Bolívar, 10 jovencitas han sido asesinadas por los paramilitares luego de recibir cruentos castigos. La última víctima de los paras fue una joven de 16 años, estudiante del colegio "Camilo Torres Restrepo".

A mediados de junio,  Dos encapuchados pintaron grafitos con un ultimátum de los paramilitares contra delincuentes y drogadictos del barrio La Trinidad en Floridablanca (Santander).   Aunque la Policía no prestó atención a estas amenazas de limpieza social, algunas personas manifestaron su preocupación, señalando que muchos de los amenazados (llamado vagos o delincuentes) son menores de edad [4] .

El 26 de junio se publicó información acerca de la deserción en la guerrilla y el programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.   Al respecto, se señaló que desde 1999, 967 hombres y mujeres se han entregado a las autoridades, de los cuales  198 son menores de edad.

El 29 de junio las milicias de las FARC atacaron a un grupo de militares en la 'Zona Rosa' de la capital araucana, hiriendo a 3 civiles, entre ellos un menor de edad.

El 3 de julio se publicó información sobre el ataque de los paramilitares a un campamento de desplazados en Medellín, que incluyó el incendio de varios ranchos, las amenazas y los disparos al aire.  Por estos hechos, 427 personas entre ellas 227 niños y niñas menores de 12 años, tuvieron que refugiarse en el Liceo Barrio Las Independencias. Según los relatos de la comunidad, ese día los paramilitares asesinaron a tres personas en el barrio, una de ellas, un joven de 16 años.

El 9 de julio, en Miranda, departamento del Cauca, las Farc destruyeron la sede de la alcaldía, hiriendo a cuatro personas, entre ellas una niña. 

El 10 de julio renunció la alcaldesa de Fuentedeoro, departamento del Meta, tras el intento de secuestro de uno de sus hijos.

El 11 de julio , tropas de la Segunda Brigada del Ejército se enfrentaron con miembros del Eln, en Becerril, departamento del Cesar.  El Ejército rescató a cuatro personas que habían sido secuestradas, entre ellas un menor.

Las FARC se tomaron, a comienzos de julio, el municipio de Toribío, departamento del Cauca.  Como consecuencia de los enfrentamientos entre la guerrilla y la policía murió un niño de 10 años [5] .

El 16 de julio, varias ONGs denunciaron públicamente que en lo  corrido del año se ha dado la ejecución extrajudicial de cerca de 50 jóvenes entre 16 y 24 años en el sector de Cazucá, localizado en el municipio de Soacha, que  limita con Ciudad Bolívar (en Bogotá) y que recibe casi la totalidad de las familias desplazadas por el conflicto armado que llegan a Soacha.  En uno de estos casos, dos jóvenes fueron abordados, el 12 de mayo, por un presunto agente de policía  quien  les dijo después de requisarlos  " muévanse de aquí o les daño el rato". Esa misma  noche, los dos jóvenes aparecieron muertos [6] .

El 2 de julio, el ELN secuestró a un joven de 15 años y su padre, entre Mingueo y Puente Bomba, en La Guajira.  El ELN les dijo que el apellido les sonaba extraño y que los iban a investigar por ello; luego de 17 días fueron liberados.

El 15 de julio, las FARC secuestraron a Franci Lorena Erazo, de 3 años, hija del amenazado alcalde de Colón (Putumayo), la niña fue liberada el 31 de julio, luego de gestiones de la Defensoría del Pueblo de Putumayo. 

El 21 de julio, un niño de dos años murió cuando el ELN disparó al auto en el que viajaba por no haber parado en un retén que habían establecido en el sitio Ventanas de la Troncal de la Costa.

El 23 de julio, el Frente 42 de las FARC explotó un carro bomba en San Juan de Rioseco, Cundinamarca, dejando herido a un niño de 8 años.

El 24 de julio, el joven Germán Alonso Vera, hijo de una integrante de la Organización Femenina Popular, fue secuestrado por los paramilitares en Barrancabermeja.  La OFP relacionó el hecho con la Movilización Nacional de Mujeres contra la Guerra, que se iniciaría al día siguiente [7] .

El 28 de julio murieron tres niños, Jhony Ramos Zúñiga, de 3 años; Edwin Zúñiga Moriones, de 13,   Ronald Zúñiga Ordóñez, de 17 años, por la explosión de una granada que recogieron en una vereda del municipio La Argentina (Huila).

El 30 de julio, un bebé de dos meses murió en medio del ataque de las Farc a la población de La Tola, Nariño.

El 31 de julio se empezó a publicar información sobre la situación en Puerto Alvira (Meta).   En la última semana de mayo, llegó al pueblo una comisión de las FARC que pasó por las inspecciones y veredas ordenándole a la gente irse a  Mapiripán si no querían que les pasara lo de Bojayá y que fue haciendo un censo para consignar en una lista los nombres de las personas 'aptas' para engrosar las filas de las Farc.  El viernes 26 de julio, los frentes 39 y 44 de las FARC convocaron a los habitantes del pueblo para informarles que “o salían o los ajusticiaban”.  Como consecuencia, salieron unas  2.000 personas; antes de que la gente emprendiera el éxodo, separaron a algunos adolescentes del pueblo y les ordenaron quedarse porque desde ese momento, ya eran guerrilleros de las Farc. Un testigo contó  cómo en un planchón mediano los guerrilleros armados custodiaban, como si fuera ganado, a por lo menos 35 hombres jóvenes:  "Los muchachos iban asustados y ninguno decía nada. Entre ellos reconocí a Marquitos, un pela'o de Alvira que ayuda a los chaluperos con las remesas; cuando lo miré, se agachó" [8] .  Según la información de otros habitantes de la región, los adolescentes reclutados podrían llegar a 100 [9] .

El 31 de julio, las Farc secuestraron a una niña de 13 años en de Tello (Huila).  La niña es hija de  dos comerciantes de San Vicente del Caguán (municipio caqueteño donde se realizaron los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC).

El 6 de agosto murió David Ramos Ortiz, de tres años de edad, por enfrentamientos entre las FARC y la Infantería de Marina en la Vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar. 

El 6 de agosto llegaron a Cali 20 indígenas emberás, entre ellos 11 niños emberás, después de tres días de camino, huyendo de la violencia paramilitar en el Chocó.  Ese mismo día fue capturado en Bogotá Benjamín Rojas Laguna, "El Canario",  jefe político del Frente 22 de las FARC y que se encargaba   de reclutar niños y niñas en el departamento de Cundinamarca; Rojas está sindicado por la Fiscalía por homicidio, terrorismo y reclutamiento de menores.

Los ataques que se dieron en Bogotá el 7 de agosto, atribuidos a las FARC con motivo de la posesión del Presidente Uribe, dejó como resultado la muerte de las niñas Andrea Mariño, de 3 años, Yuli Katerin Mariño de 5 y Angela Urquijo de un año en el Cartucho y al menos una niña herida (Carmen Mireya Ochoa, de 3 años) en El Cartucho y dos niños, de 6 y 12 años, en el noroccidente de Bogotá.

El 7 de agosto se dieron igualmente dos explosiones en Cali, atribuidas a las FARC.  Como consecuencia, resultaron heridos dos niños de 12 y 15 meses.

Finalmente, la prensa publicó información estadística sobre el secuestro de niños y niñas en Colombia:  según los registros del Gaula de la Policía, en el año han sido secuestrados 170 niños y niñas, de los cuales 59 siguen en poder de sus captores [10] .  Según la Fundación País Libre, la mayoría de los secuestros este año han sido de niños y niñas, con un total de 288 casos [11] .

Iniciativas del Presidente Uribe

Durante el periodo, se hicieron más claras las intenciones del Gobierno de Álvaro Uribe.  Su  futuro ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño planteó que se reviviría la figura del estado de sitio.

Londoño cuestionó la competencia de la Corte Constitucional en los estados de excepción, abogó por la eliminación de los controles jurisdiccionales a los estados de excepción por parte de esa Corte, que –según él- “usurpó funciones que no tenía”.   Así mismo, criticó la Constitución del 91 por haber eliminado la figura del estado de sitio. 

Según Londoño, este nuevo estado de sitio tendría el mismo espíritu del consagrado en la Constitución de 1886.  Al preguntársele sobre cuáles derechos serían afectados para garantizar la seguridad durante el Gobierno de Uribe, Londoño respondió: “Haga usted la lista de los derechos y las libertades públicas y todos pueden tener limitaciones para garantizar la seguridad”.

El futuro ministro

también dijo que dentro de la Reforma Política se piensa fusionar la Defensoría del Pueblo con la Procuraduría General [12] . Posteriormente, en una intervención en la Universidad Militar Nueva Granada, Londoño criticó a la Corte Constitucional por el fallo en el que declaró inexequible en su totalidad la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Lo hizo con expresiones subidas de tono, como que la Corte da "tiros de gracia a los muertos"; o o que "se toma la libertad de llamar, a los ciudadanos que colaboran con el Ejército, espías", o que sus magistrados hacen proselitismo político con las sentencias.  Para concluir, señaló  "La Constitución del 91 hizo cosas graves, pero la Corte Constitucional las ha hecho mucho peores" [13] .

Durante su visita a Europa, Uribe solicitó ayuda militar en París y Madrid y para que “sean nuestros embajadores para que Francia y la Unión Europea se resuelvan a ayudarnos militarmente a derrotar al terrorismo".  Así mismo, informó que impulsará un plan para que unos 180.000 vigilantes de las empresas privadas de su país se integren con la fuerza pública con el objetivo de crear un mejor clima de seguridad para los inversionistas [14] . 

Durante su estadía en Londres,  una grupo de manifestantes opositores a su gobierno [15] , se manifestaron voceando "Uribe fascista, Uribe paramilitar".  En respuesta, Uribe aseguró que su propuesta de gobierno "no es de un régimen fascista", sino de "seguridad democrática y respeto a las leyes" y para justificar su petición de presencia internacional en el país, dijo que "el terrorismo en Colombia tiene la capacidad de desestabilizar las democracias de la región, como la crisis argentina lo ha hecho en lo económico".

Después de la visita de Uribe, el primer ministro británico, Tony Blair, anunció que el Reino Unido aportará ayuda tecnológica, de inteligencia  y policial a Colombia.   Cuando se le preguntó si había hablado de derechos humanos con el jefe del Gobierno británico, Alvaro Uribe contestó: "Le he dicho que sólo a través de la seguridad podremos recuperar los derechos humanos en Colombia" [16]

Antes de la posesión , la futura Ministra de Defensa anunció aumento del pie de fuerza militar y llamamiento de reservistas.  La ministra señaló que “miles de colombianos se han ofrecido voluntariamente para alistarse y combatir a la guerrilla” [17] . 

Igualmente, el Senador Rafael Pardo anunció que preparó, a solicitud de Uribe, un proyecto de acto legislativo para combatir el terrorismo que permitiría la interceptación, por parte de la Policía, el Ejército y el DAS de telecomunicaciones y las detenciones administrativas sin orden judicial.  Pardo señaló que estas normas se complementarían con una ley estatutaria que obligaría al Estado colombiano a divulgar una lista con los grupos que considera terroristas a los que se les aplicarían las medidas mencionadas. [18]

La posesión del Presidente Uribe se vio marcada por los ataques, contra la Casa de Nariño y otras zonas de Bogotá, que dejaron 15 muertos y 69 heridos. A pesar de los intensos operativos de seguridad, que incluían el sobrevuelo de aviones de combate, fueron lanzadas 24 granadas de mortero, solo 8 hicieron impacto.

En su discurso de posesión, Uribe señaló que estimulará que millones de ciudadanos concurran a asistir a las Fuerzas Armadas, que no acepta la violencia para combatir el Gobierno ni para defenderlo, que la fuerza legítima del Estado cumple la exclusiva misión de defender a la comunidad y no puede utilizarse para acallar a los críticos y que continuará con el Plan Colombia [19].

El referendo

Después de su posesión, Uribe presentó su propuesta de referendo al Congreso.  El referendo tiene 16 puntos e incluye modificaciones al Congreso (voto público, eliminar los suplentes y los auxilios, pérdida de investidura por la inasistencia a sesiones), congelar las pensiones y salarios de ex presidentes, ex congresistas, ex magistrados y servidores públicos, Presidente, congresistas,  magistrados,  Fiscal,  Procurador, Defensor y  Contralor, eliminar las Contralorías departamentales y limitar los honorarios de diputados y concejales.  El dinero ahorrado con esta reforma se destinaría a “mejorar la cobertura y calidad de la educación”,  el 60 por ciento de las regalías serían destinadas a educación y el 40 por ciento para agua potable y saneamiento básico. 

Escondidos detrás de las buenas intenciones de reducir los gastos burocráticos, este referendo incluye otros asuntos preocupantes como son: eliminar las personerías municipales, establecer un Congreso Unicameral y, a pesar de mencionar la eliminación del servicio militar obligatorio, crea un “servicio social obligatorio para hombres y mujeres, el cual incluirá entrenamiento militar básico”. 

Finalmente, el referendo señala que “Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, este podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas, que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006 o nombrar directamente por una sola vez” [20] . 

Declaratoria de Conmoción Interior

El 11 de agosto el Gobierno declaró el estado de Conmoción Interior.  El ministro del Interior, Fernando Londoño, lo justificó "por la insuficiencia de los recursos y medios ordinarios que el país tiene en tiempos de relativa normalidad, para contrarrestar los graves hechos de orden público de las últimas semanas" y, aunque el gobierno señaló que enviará a la Corte Constitucional el decreto que declara la conmoción interior aclaró que lo hará  como un acto de cortesía, insistiendo en que este tribunal no se podrá pronunciar sobre su legalidad.  Su posición fue criticada por ex magistrados de la Corte, como el senador Carlos Gaviria, quien afirmó que el Gobierno debe respetar la jurisprudencia existente, según la cual este tribunal puede hacer una revisión no solo formal, sino material de este decreto [21] .

La Conmoción Interior permitiría, entre otros, el control e interceptación de teléfonos celulares sin orden judicial, un control más severo sobre la compra y venta de celulares y de las tarjetas de prepago, el bloqueo de cuentas bancarias de grupos al margen de la ley, la cooperación internacional para atacar las finanzas de la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, mediante mecanismos como el levantamiento de la reserva bancaria, extender la responsabilidad penal de los miembros de las organizaciones terroristas hacia sus cabecillas y dirigentes, la restricción de la libre circulación de personas y vehículos, disposiciones legales para facilitar los allanamientos y la aprehensión, captura y retención de personas y un impuesto al patrimonio que permita recaudar 2 billones de pesos para los organismos de seguridad del Estado.

La Red de Informantes

El 8 de agosto, Uribe lanzó en Valledupar su red de informantes en las vías y dijo que antes de finalizar el año, las Fuerzas Armadas vincularán a unos 100.000 ciudadanos como soldados y policías de apoyo.  Ante la posibilidad de que los 100.000 se conviertan en un blanco fácil para la guerrilla, Uribe dijo: "Si son uno o dos informantes, los matan. Pero si son miles y llegamos a un millón nos van a tener que matar a todos, si toca. Aquí no puede haber titubeos. Hay que romper el miedo y eso se logra con que todos nos involucremos".

Aunque hasta el momento no está muy claro la manera en que funcionará esta estrategia, lo que sí está claro es que Uribe se la jugará toda por hacer que la población civil "se defina" y que tome partido a favor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.  La estrategia de informantes de Uribe incluye dos figuras:  la red de informantes civiles y los soldados y policías de apoyo.

La red de informantes civiles incluye informantes en las vías e informantes rurales, que se  formará con personas escogidas luego de un análisis de seguridad y tendrán una etapa de capacitación en técnicas de recolección de información, en clasificación de los rasgos morfológicos de las personas y en procedimientos para rendir informes con el lenguaje técnico de la Policía. Su labor será encubierta para disminuir los riesgos de represalias y sus datos permanecen custodiados en una base de datos. Por ahora,  Uribe las ha prohibido tajantemente portar armas [22] , cada miembro de la Red debe identificar candidatos para ampliar la organización, y hacerles un seguimiento durante uno o dos meses y dado que no se ha establecido un sistema para remunerarlos, la Policía les pagará con el sistema de recompensas.

A pesar de su labor encubierta, a tan solo 10 días de su lanzamiento, El Tiempo pudo entrevistar a cuatro de estos informantes [23] .  En teoría, esta red está conformada por campesinos, finqueros, comerciantes y amas de casa,  sobre los cuales ni su familia sabe que suministran información. Estas son algunas de las respuestas dadas por los informantes al periodista:

¿Qué es una persona sospechosa para usted?   Para mí es sospechosa la persona que no es del pueblo. Después le miro la cintura compadre a ver si lleva arma y lo miro directo a los ojos. Si me rehuye es que algo esconde.  Si un tipo se viste como 'pigua' (campesino), no sabe combinar la ropa, se pone una camisa roja con verde... y tiene rasguños en los brazos ahí mismito le analizo la cintura porque puede ser guerrillero... y si es así como agomelado (con apariencia de 'gomelo') tiene tatuajes o un arete puede ser paramilitar... esos tienen la mirada más fría...

¿Y se ha equivocado? Claro primo, hace como una semana vi un tipo raro y le dije a la policía del pueblo: necesito que aborden a un tipo con arrambao (con apariencia de Rambo) vestido así y asá que está por tal calle. Y ¡ram!.. lo abordan y ¡tam! el man era un soldado contraguerrilla que estaba haciendo inteligencia.

Aquí es berraco porque esto está lleno de 'paras'. A mí la Policía me dijo que le pusiera atención a cualquier información sobre tráfico de armas para la guerrilla, pero no he visto nada. Por aquí lo que se ve es robo de gasolina, los 'paras' se pegan al tubo y no dejan que nadie más lo haga, pero meterse con ellos es muy peligroso.

Los soldados y policías de apoyo se constituirán en una estrategia complementaria de la red de informantes civiles, serán personas que sin abandonar sus parcelas o sus casas se vincularán voluntariamente a la Fuerza Pública y recibirán una paga inferior al salario mínimo por suministrar información y contribuir a la seguridad de sus zonas. Además recibirán entrenamiento militar y capacitación en derechos humanos.   A estos informantes no se les puede considerar como civiles, ya que adquieren un vínculo directo con la Fuerza Pública y recibirán una "pequeña" remuneración económica. Algunos de estos informantes podrían portar armas, aunque esta facultad está en estudio para "evitar que a un campesino lo maten por robarle el fusil" [24] .

Esta estrategia de información ha generado graves preocupaciones al interior de la sociedad civil [25] :    Amnistía Internacional ve en ella el fin de la neutralidad de los civiles y la profundización de la guerra.  

Para el ex asesor presidencial de paz Daniel García-Peña, la condición de colaboradores secretos, que permite al tendero de la esquina, al jornalero de la finca y a la señora del restaurante proteger sus vidas, despierta a la vez el riesgo de que usen su condición para hacer acusaciones anónimas sin fundamento y que existe el riesgo de que en  algún momento  pidan o consigan armas por sus propios medios para protegerse de la reacción de los grupos ilegales.   Al respecto, señala que "sobre el informante debe haber una supervisión rigurosa y una tarea de contrainteligencia para evitar que los asuntos personales puedan convertirse en problemas de Estado. Por ejemplo, cómo evitar que por un lío pasional un informante termine señalando a un inocente como guerrillero".

Oscar Collazos, en una Carta abierta a Luis Carlos Restrepo, mostró sus preocupaciones, desde el punto de vista psicosocial, sobre esta red.  En esta carta, Collazos señala que la guerra altera no solamente la vida de las personas afectadas sino que modifica sus comportamientos sociales y genera miedo,  odio,  deseo de venganza y  resentimiento y que quizás estos ciudadanos no puedan colaborar "transparentemente" con las Fuerzas Armadas.  Igualmente, señala que las redes de informantes podrían ser penetradas por los paramilitares o la guerrilla [26] .

Amenazas a funcionarios municipales

Durante el mes de junio, las amenazas y renuncias de alcaldes y otros funcionarios municipales continuaron.  El 20 de junio, se conoció del ultimátum de 72 horas de las FARC contra alcaldes, inspectores, jueces, fiscales y diputados de 87 municipios de Santander y 40 de Norte de Santander.

El 23 de junio las  Farc amenazaron a Antanas Mockus, en teoría como retaliación por las jornadas de resistencia civil que ha venido convocando y a varios miembros del Concejo Distrital.  El personero de Bogotá denunció que las milicias urbanas están interviniendo directamente en el presupuesto de las localidades periféricas de la ciudad, lo cual se confirmaba con el traslado de varios ediles a una zona del Sumapaz, en el sur de la capital, para cumplir una cita con uno de los frentes de las FARC en la semana anterior.

Para el 24 de junio, se conoció que se habían extendido las amenazas a otros funcionarios de Bogotá y a los funcionarios de los gobiernos municipales, concejales, inspectores, jueces y fiscales  de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare, Vichada, Arauca, Guainía y Amazonas.  En Cali las Farc exigieron la renuncia inmediata del alcalde de Cali, los 21 integrantes del Concejo y a los 13 miembros que quedan en la Asamblea, pues este grupo secuestró el pasado 11 de abril a los restantes 12 diputados.  En  Nariño, se conocieron amenazas contra el Gobernador, el alcalde de Pasto, la Asamblea y otros 31 alcaldes de Nariño, con sus respectivos gabinetes y concejos.  Para el 24 de junio se hablaba de 4.000 concejales y 100 alcaldes amenazados y el 16 de julio se anunció que , más de 3.500 empleados de la administración de justicia afrontan la presión de los grupos armados.

Para el 25 de junio se encontraban amenazados funcionarios de 22 de los 32 departamentos del país y el 26 de junio se conoció un comunicado del el Estado Mayor del Bloque Oriental, que ordena a sus frentes  concentrar la presión en Bogotá “por ser el centro de la oligarquía”.

La situación llegó al extremo de obligar a suspender una reunión de la Asamblea del departamento del Atlántico, por existir planes para un secuestro masivo [27] ; la “toma” de la alcaldía de El Peñol, en Nariño, por parte del ELN, que  cerró la alcaldía y obligó a sus empleados a trabajar en el mejoramiento de una carretera veredal [28] , el intento de secuestro del alcalde de El Molino, en la Guajira, que fue  evitado por los habitantes del pueblo, pues una multitud se enfrentó pacíficamente a los guerrilleros [29] y el atentado al alcalde de Santa Bárbara (Antioquia) [30] . 

Las amenazas a los funcionarios solo fueron formalizadas por las FARC el 10 de julio.  En un comunicado, el secretariado de las Farc señaló se trata de una política que responde a la ruptura de los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Pastrana y manifestaron que en razón del enfrentamiento con el Estado y el cierre de las posibilidades de una salida política, decidieron exigir la renuncia "a todos los mandatarios departamentales, municipales y veredales, no por lo que ellos son como persona, sino por lo que representan al Estado".

Paralelamente, el 20 de junio los paramilitares amenazaron al gobernador, los siete alcaldes, los concejales, los diputados y los representantes a la Cámara del departamento de Arauca para que no renuncien.  Finalmente Carlos Castaño, aseguró en una carta a la Federación de Municipios, que respetará la vida de los mandatarios municipales [31] .

Como consecuencia de las amenazas, la siguiente es la situación en algunos departamentos:

Arauca:  Los siete alcaldes de Arauca decidieron administrar sus municipios desde la capital del departamento [32] .

Caldas:  Han renunciado los secretarios de despacho, personeros y concejales de Pensilvania, Samaná [33]   y Supía [34]

Caquetá:  10 municipios se quedaron sin alcaldes [35] y el resto de los alcaldes están por fuera de sus municipios, gobernando por teléfono [36] .

Casanare: Han renunciado 9 alcaldes. [37]

Cauca:  Han renunciado los alcaldes de Piamonte, Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer, Bolívar, La Vega, Cajibío, Santander de Quilichao, Piendamó, Morales, La Sierra, Rosas, El Bordo, Puracé, El Tambo, Florencia, Argelia, Miranda, Caloto, Sotará y Paispambay, Piendamó, y Jambaló [38] . 

Cundinamarca:  A pesar de su cercanía con Bogotá, han renunciado 39 alcaldes [39] .  Adicionalmente, el problema de las renuncias llegó a Bogotá pues   el 3 de julio se conoció la renuncia de 13 ediles de Usme. 

Bolívar: 6 alcaldes  gobiernan desde otros lugares [40] .

Boyacá Han renunciado 10 alcaldes, de los municipios de Socotá, Socha, Belén, Cerinza, Gámeza, Mongua, Jericó, Santa Rosa de Viterbo, Pesca, Paipa, Firavitoba, Güicán, El Cocuy, Guacamayas, San Mateo, Chiscas, El Espino y Panqueba [41] .

Guajira: El 13 de julio renunció el alcalde de San Juan del Cesar, liberado tras 14 días de retención por parte de las Farc.

Meta:  Renunciaron las alcaldesas de El Castillo, y de Fuentedeoro [42] y los alcaldes de Vistahermosa, y La Macarena [43] , municipios ubicados en la extinta zona de distensión.

Nariño:  Han renunciado los alcaldes de Santacruz, Providencia, La Llanada, Cumbitara, El Tambo, Ricaurte, Linares, Guachucal, Sandoná, Belén, San José de Albán, Taminango, San Pablo, San Bernardo, San Lorenzo, Providencia, La Unión, Los Andes y El Tablón.Leiva, El Rosario, Policarpa e Ipiales, en Leiva, El Rosario y Policarpa, también renunciaron los personeros y concejales [44] . Para el 10 de julio eran 41 los alcaldes que se han retirado de sus cargos en ese departamento y el 11 de ese mes renunciaron los 19 concejales de Pasto, la capital. Posteriormente renunciaron 27 funcionarios de alcaldía de Tumaco y se cerraron provisionalmente 9 despachos judiciales [45] . 

En Norte de Santander y Santander han renunciado cuatro alcaldes, de los municipios de Chitagá, Cerrito, Concepción, y Carcasí [46] .

Risaralda:  Renunciaron desde los concejales hasta los encargados del aseo, en Mistrató (Risaralda), cuyo alcalde se mantiene en su cargo, aunque gobernando en otro lugar [47] .

Tolima; En Chaparral  renunciaron quienes operan el sistema de distribución de agua:  el gerente de la Empresa de Servicios Públicos, 21 empleados, además de 18 barrenderos renunciaron a sus cargos. En este municipio el alcalde y los demás funcionarios habían renunciado previamente, también por amenazas [48] .

Valle: el alcalde de Cali decidió despachar desde las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército, como una medida preventiva [49] .

Para el 13 de julio, se hablaba de que las Farc despejaron a la fuerza un área mayor que la del Caguán, pues se ha dado la renuncia de 222 alcaldes; se informó igualmente que 35 municipios están sin ninguna autoridad civil ni administrativa (50.000 kilómetros) y otras 160 alcaldías se manejan a control remoto.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó las amenazas y señaló que “la situación deja a a los ciudadanos en una situación de desprotección y abandono ante la provocada ausencia del Estado" [50] . La OEA hizo lo mismo, afirmando que "tales amenazas constituyen un atentado contra la democracia, a la que tienen derecho todos los ciudadanos colombianos" [51] .

En el mes de julio, las amenazas a los alcaldes se extendieron a sus familias.  Ante las amenazas, el alcalde de Colón (Putumayo) Libardo Erazo, renunció; sin embargo, dos días después las Farc se llevaron a su hija, Francy Lorena, de tres años.  Las FARC le transmitieron el siguiente mensaje: "Haga conocer su caso a nivel nacional, por todos los medios que le sean posibles, pues se trata de un mensaje para todos los alcaldes del país. Nosotros no estamos jugando".  Además fue asesinada la esposa del alcalde (e) de San Vicente del Caguán, fue secuestrado el hijo del alcalde de Vistahermosa (Meta); intentó plagiar al hijo, de 9 años, de la alcaldesa de Fuente de Oro, también Meta, y envió sufragios a las dos niñas de un alcalde de Caldas, que pidió no revelar su identidad pues no ha renunciado. El alcalde de Cali también denunció intimidaciones contra su familia [52] .

Propuestas de mediación y paz

A comienzos de julio, Uribe señaló que reanudará el diálogo con las Farc cuando cumplan "un cese de hostilidades" y que s se entrevistó con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a quien solicitó que haga gestiones con la guerrilla y los paramilitares para entablar un diálogo.  El gobierno de Uribe anunció la continuación de los diálogos entre el Eln y el Gobierno en Cuba [53] . 

Un día después de la posesión del Presidente, Kofi Annan informó a Uribe que la ONU aceptaba la gestión de buenos oficios para diálogar con guerrilla, como un paso previo para iniciar el proceso de mediación. [54]

Sin embargo, las FARC y el ELN han mostrado su desconfianza de un futuro diálogo con el nuevo Gobierno, debido a las gestiones y propuestas del presidente Uribe para conseguir recursos con los que financiará la lucha contra los grupos armados [55] .

SITUACIÓN DEL PARAMILITARISMO

El 12 de julio, Carlos Castaño anunció que se retiraba del cargo de jefe político de las AUC y sólo queda al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).  En un comunicado Castaño criticó las acciones de algunos paramilitares, especialmente en la zona del Meta y señaló que "cada cual hace lo que quiere, no siempre con los mejores escrúpulos, y no creo que una organización así, represente tranquilidad para los colombianos".

El 15 de julio, Castaño señaló que  el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton, que fue liberado por los paramilitares, es responsabilidad del capitán retirado de la Policía colombiana René Acosta, el 'Flaco' o '101' y que tuvo apoyo de efectivos de las fuerzas armadas de Venezuela.  Algunos voceros de organismos de seguridad colombianos dijeron que por lo menos un mayor activo y otros miembros de la Fuerza Pública están siendo investigados por su presunta participación en este secuestro.

En un comunicado que titula "Un nuevo rumbo", Castaño advirtió que las Auc deben renunciar a cometer actos como el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton y a financiarse del narcotráfico.  Los analistas han interpretado las últimas acciones de Castaño como un intento de limpiar su imagen para posibilitar algún tipo de reconocimiento político y participar en un eventual diálogo de paz, posibilidad abierta por Uribe.

En una entrevista a la Revista Semana, el Presidente Uribe fue preguntado si había expectativas de conversaciones con los paramilitares, a lo cual respondió:  "La Iglesia Católica, de acuerdo con el gobierno Pastrana, ha tenido contactos con ellos. Y, por supuesto, yo voy a remitir eso a Naciones Unidas".   En respuesta, Carlos Castaño publicó una carta en la página web de los paramilitares en la que anuncia que cuando exista un proceso serio de paz, las autodefensas iniciarán un proceso de reinserción, que puede implicar beneficios políticos y no solo jurídicos, pues Castaño ha dicho que le gustaría una curul en el Congreso y la propuesta de referendo de Uribe contempla la facultad de darles asiento a los grupos armados en caso de una salida dialogada, sin excluir a ninguna organización [56] .

Fronteras y comunidad internacional

Durante los meses de junio a agosto el conflicto armado colombiano traspasó las fronteras del país.  Por un lado, se anunció la creación de las Autodefensas Unidas de Venezuela, AUV, que opera en los estados de Táchira, Apure y Zulia, declaró como objetivo militar al presidente venezolano Hugo Chávez y cuenta con 2.200 hombres entrenados para combatir a los grupos guerrilleros colombianos que penetren en territorio de ese país.   El Comandante del Bloque “Fidel Castaño” afirmó que espera una pronta reunión con el jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño, para lograr la unión de las dos organizaciones para acabar con los “narcoguerrilleros colombianos”, que tienen gran cantidad de campamentos en ese país [57] .

En el Ecuador, cuatro policías ecuatorianos resultaron heridos en combates sostenidos con un grupo armado que ingresó a Ecuador desde Colombia, cerca de la población de General Farfán, en la fronteriza provincia de Sucumbios.  Según conjeturas periodísticas, el ataque pudo provenir de guerrilleros, de paramilitares o de narcotraficantes colombianos que operan del otro lado de la frontera en territorio enclavado en la selva amazónica [58] .

En su visita al Brasil, el secretario estadounidense para América Latina, Otto Reich, pidió a Brasil impedir que la violencia colombiana traspase las fronteras.  Reich dijo que Brasil debería apoyar la iniciativa de Estados Unidos por razones de seguridad propia  "Si los países se preocupan más con los efectos de un contagio del Plan Colombia, antes deberían preocuparse más con los riesgos de no parar a los traficantes y a la guerrilla dentro de las fronteras de Colombia", dijo [59] .

El 17 de julio, el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de Senado de Estados Unidos aprobó recursos para el Plan Colombia ahora llamado Iniciativa Regional Andina (IRA) y para  persecución de paramilitares, que incluiría la creación de una 'unidad élite', al estilo 'bloque de búsqueda'

El diario "Jornal do Brasil" publicó a mediados de julio un artículo que señalaba que bajo la dirección de Washington se está desarrollando una campaña militar contra las guerrillas colombianas, que sería patrocinada por la ONU, se llevaría a cabo en enero de 2004 y en la cual participarían militares de Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú. Al respecto, el presidente Gustavo Noboa, del Ecuador señaló  que "la resolución del conflicto armado colombiano corresponde a los colombianos y el Gobierno ecuatoriano deberá tomar acciones para proteger sus fronteras y ciudadanos" y que en su mandato no habrá participación de Ecuador en el conflicto colombiano.  El Gobierno chileno también desmintió que el Ejército de ese país estudie participar en una operación militar multinacional contra la guerrilla colombiana [60]. 

El periódico brasileño aseguró que desde enero pasado 30 oficiales de la Academia de Guerra chilena se dedican a perfilar estrategias para desplazar a Colombia unos 2.600 soldados y equipos. 

Mientras Estados Unidos autorizaba al gobierno colombiano para utilizar contra la guerrilla los 79 helicópteros asignados al Plan Colombia, que previamente podían participar solamente contra el narcotráfico, la Ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez anunció que "Queremos evitar que los grupos violentos busquen refugio en los países limítrofes y para ello queremos desarrollar acciones militares conjuntas con nuestros vecinos" [61] .

Sin embargo, el llamado de Colombia a lucha regional contra la guerrilla fue rechazado por los países vecinos.  El ministro de Defensa de Brasil señaló que "Brasil no apoya un Ejército multinacional para luchar contra la violencia colombiana. No hay ambiente para este tipo de fuerzas. No vemos favorable esa creación porque se perdería la soberanía de todos los países".

Brasil sin embargo instaló recientemente un Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), que contará con ocho aeronaves que recogerán imágenes y datos sobre esa estratégica región, fronteriza con varios estados sudamericanos, entre ellos Colombia.

El canciller venezolano, respondió diplomáticamente que Caracas tiene una "intensa cooperación" con Bogotá en la lucha contra el narcotráfico. Perú y Ecuador no anunciaron su participación en la represión de la guerrilla y el narcotráfico, pero reforzaron el control de sus fronteras con Colombia, al igual que Venezuela.  El gobierno de Panamá, que eliminó el ejército en 1990, anunció que está en alerta pero no participará en maniobras militares conjuntas con Colombia.

En agosto, Ecuador cerró el paso nocturno de la frontera con Colombia.  Inicialmente, el gobierno ecuatoriano ordenó redoblar la vigilancia en siete pasos fronterizos con Colombia, montar retenes móviles y organizar un escuadrón motorizado, para vigilar las poblaciones limítrofes con Colombia [62] . Posteriormente, el ministro de Gobierno, el vicecanciller y las autoridades de la provincia de Carchi decidieron que a partir del primero de septiembre Ecuador cerrará el  puente fronterizo con Colombia durante las noches [63] . 

El cierre del cruce internacional de Rumichaca, que une a Carchi con el departamento de Nariño, se extenderá desde las 22H00 hasta las 06H00 locales, tiempo durante el cual habrá presencia de la fuerza pública para impedir el tráfico de personas y mercaderías.  El 1 de septiembre también entrará en vigencia la tarjeta andina de migración, la cual deberá ser presentada por los colombianos que crucen hacia territorio ecuatoriano para controlar el flujo migratorio.

Finalmente, al presentar su informe sobre Colombia,  la Oficina para la Fiscalización de Estupefacientes del la ONU criticó fumigación de cultivos ilícitos.  El portavoz señaló que  “Las Naciones Unidas reconocen la necesidad de medidas represivas en la política antidrogas. Pero en vez de golpear con fumigaciones al eslabón más débil de la cadena del tráfico de drogas, los campesinos, mejor debería atacarse a los mismos traficantes y a los propietarios de los laboratorios de cocaína''.

La ONU señaló que a fumigación aérea debería utilizarse exclusivamente contra cultivos industriales y no contra cultivos de subsistencia de campesinos e indígenas."Hay lugares de Colombia donde los campesinos nunca han visto un médico o un maestro, pero sí han visto -y sentido- la labor de los pilotos de pequeños aviones de fumigación. Esta no es la forma de hacer al Estado popular", señaló el portavoz [64] .

JUSTICIA E IMPUNIDAD

En una victoria más de la impunidad, el Consejo de Estado anuló destitución del general Hernán Velandia y ordenó a la Procuraduría pagar sus salarios retroactivos.  Velandia fue destituido en 1995 en el proceso que se le seguía por la desaparición de Nidia Erika Bautista.  La Procuraduría consideró que Velandia, quien era comandante del Batallón de Inteligencia Charry Solano en Bogotá cuando desapareció Nydia Erika en 1987, tuvo conocimiento de la retención de la joven, la aprobó y no trató de evitarla cuando tenía el deber, el poder y la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, el oficial inició una batalla jurídica en la que argumentó que su proceso ya estaba prescrito, que lo habían notificado a través de edicto y que el Ministerio Público ya no tenía facultad para sancionarlo.  El Consejo de Estado que anuló las resoluciones de la Procuraduría y el decreto presidencial que lo destituyó y además ordenó su reintegro y que el Ministerio Público le  pague hasta el último peso que dejó de percibir por salarios, primas, prestaciones y demás derechos laborales.

Según el tribunal, la investigación se inició el 26 de julio de 1990, fecha en la cual se estableció plenamente la identidad de Nydia Erika Bautista después de tres años de desaparición. El término máximo para dictar un fallo era de cinco años, es decir, el 26 de julio de 1995.  El fallo de la destitución se tomó el 19 de julio de 1995 pero la notificación se hizo a través de edictos por lo cual el oficial interpuso una tutela para que le notificaran personalmente, lo que finalmente se hizo el 25 de agosto de 1995.   Para el Consejo de Estado, cuando se notificó personalmente ya había prescrito el proceso [65] .

En la otra cara de la moneda, la Procuraduría abrió  investigación en contra de tres generales por la masacre de Bojayá: general Leonel Gómez Estrada, comandante de la Primera División del Ejército,  general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín y  general Jorge Enrique Linares, director Operativo de la Policía. La decisión también afecta a los coroneles del Ejército Ricardo Díaz Torres y Orlando Pulido Rojas, y al capitán de fragata de la Armada Nacional William Ariel Ruiz Mesa, comandante del Batallón Fluvial de Infantería Número 50.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría, la investigación se inició "por presunto incumplimiento en sus funciones, al no proteger efectivamente a la población civil".   Los oficiales "habrían infringido el ordenamiento legal por no tomar las medidas necesarias para prevenir hechos de violencia y preservar la vida e integridad de la población civil en estos municipios" [66] .

El 10 de julio se ordenó el trasladarán de 5 policías acusados de tortura y asesinato en Saravena (Arauca) a la cárcel de empleados oficiales de Chiquinquirá (Boyacá).  Estos policías fueron sindicados por la Fiscalía de ser los responsables del asesinato de un joven y de torturar a otro en el municipio Saravena. 

El 11 de julio se abrió juicio, contra un informante de la Armada Nacional por 56 asesinatos en Barrancabermeja entre 1991 y 1993.  El acusado trabajó activamente en la Red Fluvial de Inteligencia Número 7 de la Armada y se cree que, gracias a la información privilegiada que manejaba, participó en ejecuciones selectivas.    "Según lo establecido, en el puerto petrolero operó un escuadrón que se encargaba de la eliminación física de personas supuestamente vinculadas con actividades subversivas", asegura la Fiscalía.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificó la extradición del ex ministro y ex embajador Marulanda, acusado de formación de grupos paramilitares y actos de terrorismo por la Fiscalía colombiana.  Marulanda fue capturado en Madrid por dos casos diferentes.   El primero y más importante se remonta al 14 de febrero de 1996. La Fiscalía General de la Nación acusa a Marulanda de ordenar a “varios hombres armados pertenecientes a un grupo paramilitar” la quema de las viviendas de más de 200 familias de campesinos que habían ocupado tierras en la Hacienda Bellacruz (Cesar), propiedad de su familia.  El segundo caso tiene que ver con una apropiación de dineros públicos, pues como embajador, Marulanda arrendó una dependencia de sede diplomática de Colombia en Bruselas.

ANEXO
NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 21 DE JUNIO A 20 DE AGOSTO